CAMBIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS EN LAS UNIVERSIDADES ECUATORIANAS

Napoleón Velástegui Bahamonde

América Latina vive un proceso de cambios.

Uno de los factores comunes es el cambio que el sistema educativo demanda, en particular el sistema de educación superior.

Otro factor común, es la gran unidad de diversidad a través de múltiples formas y expresiones nacionales.

También es común que en contraposición, se generen fuerzas de oposición, que representan anteriores coyunturas de mando y que rápidamente se han modificado con el resultado de la adaptación de nuevas estrategias que incluyen desde la repotenciación de su tradicional experiencia política, aunada con a la del manejo de los medios de comunicación bajo nuevas circunstancias que exigen incluso una coordinación internacional.

Pero, el factor más significativo es sin duda, la inauguración de una nueva época continental: todos estos procesos de cambio nacen bajo el signo electoral, lo que implica una dirección hacia la disminución de la violencia social generalizada y la posibilidad de reducir en estos procesos de cambio el costo social que este fenómeno implicaba secularmente.

El Ecuador, participa de esta corriente de renovación y modernización de la sociedad y el estado.
El inicio de este proceso se escribió en la segunda vuelta electoral del año 2006 cuando el conjunto de las fuerzas que lidera Rafael Correa, un consultor y docente universitario con un Ph. D. y dos maestrías en economía de la Universidad de Illinois y de Lovaina, obtuvo el 50,6% de los votos (3´517.635 votos) frente al 38,7% (2´689.418 votos) de los partidos tradicionales en un punto de inflexión del descrédito de un repudiado e inoperante Congreso Nacional que fue posteriormente reemplazado por una Asamblea Nacional.

En esta intensa batalla social envuelta en rigurosas y estrictas reglas electorales, en el mismo año, se realizó una Consulta Popular en la que se sometió a consideración de la ciudadanía la aprobación de tres preguntas:

La primera, referida a ocho políticas de un Plan Decenal de Educación (2006-2015) para que sean consideradas como políticas de Estado prioritarias para la inversión del sector público. La respuesta ciudadana fue 67,05% sí y 6,16% no.

La segunda, relacionada con un plazo al Congreso Nacional para el debate y aprobación de leyes encaminadas a destinar recursos suficientes que garanticen la prevención y la atención médica de patologías, elevando a categoría de política de Estado el Aseguramiento Universal de Salud.

Y, referida también al aumento del 0.5% anual en la participación de salud en relación al PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar el 4% del PIB. La respuesta ciudadana fue 66,09% sí y 7,67% no.

La tercera, relacionada con otro plazo imperativo y perentorio al Congreso Nacional para que expida leyes encaminadas a garantizar que los recursos petroleros no previstos o superiores a lo presupuestado en el presupuesto general del Estado, sean destinados a la inversión social y a la reactivación productiva. La respuesta ciudadana fue 64,21% sí y 8,23% no.

En la primera pregunta, de las ocho políticas planteadas para el Plan Decenal de Educación 2006-15, la sexta, se refirió al mejoramiento de la calidad de la educación. Las 8 políticas fueron:
1. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.
2. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.
3. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente.
4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos.
5. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las Instituciones Educativas.
6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo.
7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida.
8. Aumento del 0.5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB.

A este proceso, se sumaron:

En el 2007, la convocatoria a una Asamblea para elaborar una nueva Carta Magna en la que las fuerzas de PAIS (Patria Altiva y Soberana) obtuvieron el 69,47% (2´806.004) de los votos y la oposición el 30,35% (1´233.389).

En el mismo año, una Consulta Popular para otorgar plenos poderes a la Asamblea Constituyente para la elaboración de la Nueva Constitución. La respuesta de la ciudadanía fue 81,72% a favor (5´354.595) y 12,43% en contra (814.323).

En el 2008, un Referéndum para aprobar lo actuado por la Asamblea y aprobar la Constitución con un 63,93% de aprobación (4´722.073 votos) y 28,10% de oposición (2´075.764 votos).
En el 2009, el Presidente renunció a su cargo y se presentó como candidato en las elecciones que ganó en la primera vuelta con el 51,99% de los votos (3´586.439 votos) frente a su inmediato seguidor con 28,24% (1´947.830 votos).

En el 2009 también se realizó la elección de los nuevos Asambleístas en la que las fuerzas a favor de los cambios sociales obtuvieron nuevamente la mayoría. Estos representantes, debatirán y resolverán respecto de un proyecto de Ley de Educación Superior elaborado por SENPLADES (Secretaría de Planificación y Desarrollo) y discutido en el seno de la Universidades.

El CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación), atendiendo al Mandato 14 de la Constituyente que obliga a este organismo público a la elaboración de un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento, entregó los resultados de su trabajo que pusieron en evidencia las deficiencias de las Universidades.

De las 68 universidades, sólo 11 fueron categorizadas como tales en la categoría A, en base a alrededor de 200 indicadores que giran alrededor de cuatro parámetros centrales: academia, estudiantes, investigación y gestión administrativa. 9 universidades están categorizadas en como B, 13 en la C, 9 en la D, 26 en la E, estas últimas, "no presentan las condiciones que exige el funcionamiento de una institución universitaria".

Un indicador elocuente se refiere a la titulación de la docencia que en la universidad pública tiene un 2% de doctorado, 33,5% de maestrías, 5,2% de especialización y 40.7% de nivel académico.
El CONESUP (Consejo Nacional de Educación Superior), órgano autónomo universitario, emitió también su informe que tampoco fue bien recibido por las mismas universidades que lo conforman.

La crisis de la educación superior se revela con fuerza que evidencia la imperiosa necesidad de transformación en su propio ámbito.

La Acreditación Internacional constituye no sólo un desafío para los Centros de Educación Superior sino una insoslayable alternativa por la que deberán transitar para lograr no sólo su supervivencia sino además su propia transformación de un modo integral.

Uno de los instrumentos que podría dinamizar estos procesos de cambio en la Universidades, es precisamente la creación de los Parques Científicos y Tecnológicos en la Universidades ya que impulsaría la superación del tradicional desfase de los Centros de Educación Superior con las demandas de los sectores productivos y con el propio Estado que mantuvo respecto a éstos una política de “dejar pasar , dejar hacer” contribuyendo a su actual estado de crisis donde no existe un proceso de desarrollo institucional planificado y en consonancia con las demandas nacionales, regionales ni locales.

Nuestra Alma Mater, se pronunció con notoria objetividad y con sentido favorable en gran porcentaje, a favor del contenido de la misma, a través de las distintas comisiones designadas para el análisis de la Ley de Educación Superior. ¿Porqué no se publican esas conclusiones?.

Por otro lado sin embargo, en la aprobada Ley Orgánica de Educación Superior, no existe ninguna mención a los parques científicos y tecnológicos. Situación que debe ser superada.
El surgimiento de algunos PT en el país es tan incipiente, como el caso del PT de la ESPOL u otros, que se los puede contar con los dedos de una mano y sobrarían.

A pesar de esta circunstancia, es necesario visualizar el futuro cercano y comprender que, el surgimiento de uno o unos cuantos PT es del todo insuficiente, es imperioso que el Estado, la Universidades, las Cámaras de la Producción, sumen esfuerzos para generar una Política no sólo de apoyo al surgimiento de los PT sino además, de apoyo a su asociatividad de la que dependerá los resultados específicos y complementarios de cada “motor de productividad” que es cada PT pero que, sólo funcionando en conjunto, pueden demostrar su verdadero potencial para contribuir decisivamente al mejoramiento de la calidad de vida de la población localizada en su área de influencia.

Algunas Universidades públicas, frente a los vientos de cambio, adoptaron la estrategia del avestruz o la de la resistencia sea pasiva o con tintes más o menos activos; no obstante, pocas fueron las que salieron al encuentro de lo nuevo con propuestas propias e innovadoras; las instituciones de educación superior que comprendieron el momento y trabajaron académicamente, dejando de lado posturas políticas, son aquellas que tienen mejores condiciones para consolidarse como instituciones cuya permanencia en el mercado educativo está garantizada y, serán ellas, quienes asimilarán la corriente de energía juvenil que anhela, como siempre, fervientemente prepararse lo mejor posible para contribuir a soluciona los problemas de diversa índoles que demanda el Ecuador contemporáneo.

Desde aquí, invitamos a los estudiantes y docentes de la Universidad de Guayaquil que nos ha correspondido vivir el tránsito hacia la Sociedad del Conocimiento a nivel internacional y su expresión nacional, interesados en la investigación aplicada, a ponerse en contacto para recibir información relacionada con los parques científicos y tecnológicos denominados también “Ciudades del Conocimiento”.